ANC, TSJ y MP evalúan alcance de Ley Contra el Odio

Tomas Guanipa: Ley contra el odio es para quienes adversan al gobierno

Régimen de Maduro aprueba ley que amenaza a los medios

Como es del conocimiento público, la ilegal Asamblea Nacional Constituyente establecida indebidamente en los predios físicos del poder legislativo venezolano, decretó el odio como ley de la república bolivariana con la intención de dotar al gobierno instrumento de mayor impunidad ante imprecisos delitos al legalizar como hecho criminal lo que hasta ahora era considerado un elemento subjetivo.

El dirigente de Primero Justicia señaló que pese a la negativa del partido a participar en los próximos comicios municipales, no han "abandonado la ruta electoral" y se preparan para medirse en las venideras presidenciales.

Maduro sostiene que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos en todo el país.

"Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece el artículo 20 de la citada ley. La difamación también es, de hecho, un delito contemplado en las leyes de muchas naciones.

Con la normativa se obliga asimismo a la prensa a divulgar mensajes de paz y tolerancia, lo cual se extiende a los centros de educación para que las nuevas generaciones crezcan en un clima de respeto a lo diferente.

Además del daño psicológico para la población, en su mayoría para los que residían en las zonas del conflicto, los grupos vandálicos a sueldo de la oposición ocasionaron daños valorados en millones de dólares al patrimonio estatal y a numerosos negocios privados.

En términos parecidos se ha expresado el diputado opositor Armando Armas, que ve en el texto de la Constituyente "un manual de procedimientos para la represión" que no hará sino "agravar la situación económica y social" de Venezuela.

Sembrar el miedo entre la gente no es la manera de lograr que la sociedad viva en paz. Los partidos opositores, empero, afirman que la ley busca criminalizar la protesta pacífica.

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